Nuestra Visión

Nosotras, las guerrilleras farianas, pero no solamente nosotras... Nosotros y nosotras, combatientes, militantes de las FARC-EP, del Partido Comunista Clandestino y del Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia, tenemos una visión global del mundo, una lectura de la sociedad. Y queremos exponer nuestros puntos de vista sobre temáticas variadas con un denominador común: nos interesa y lo queremos compartir.

El movimiento social de Mujeres por décadas ha impulsado la participación política de las mujeres, bajo diferentes estrategias incluidas las normativas, pero con poca efectividad, la llegada en el 2016, de la firma del Acuerdo final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y duradera entre el Gobierno y la Fuerza Armada Revolucionaria Colombiana, le vuelve a entregar esperanzas y oportunidad al movimiento, de poder dirigir los destinos del país de manera paritaria con los hombres.

La esperanza en la implementación de los Acuerdos, es fundamental porque estos, deben regirse por el reconocimiento de la igualdad y protección del pluralismo de la sociedad colombiana, sin ninguna discriminación. En la implementación se garantizarán las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y se adoptarán medidas afirmativas en favor de grupos discriminados o marginados, teniendo en cuenta el enfoque territorial, diferencial y de género.

Considerando que la participación ciudadana es el fundamento de todos los acuerdos que constituyen el Acuerdo Final y se encuentra ratificado en el Punto 2; el cual contiene el acuerdo sobre “Participación política: Apertura democrática para construir la paz”. Además, La construcción y consolidación de la paz, en el marco del fin del conflicto, requiere de una ampliación democrática que permita que surjan nuevas fuerzas en el escenario político para enriquecer el debate y la deliberación alrededor de los grandes problemas nacionales y, de esa manera, fortalecer el pluralismo y por tanto la representación de las diferentes visiones e intereses de la sociedad, con las debidas garantías para la participación y la inclusión política.

En especial, la implementación del Acuerdo Final contribuirá a la ampliación y profundización de la democracia en cuanto implicará la dejación de las armas y la proscripción de la violencia como método de acción política para todas y todos los colombianos a fin de transitar a un escenario en el que impere la democracia, con garantías plenas para quienes participen en política, y de esa manera abrirá nuevos espacios para la participación (texto tomado del Acuerdo final).

En relación a la participación de las mujeres en la toma de decisiones y el poder político, se ha logrado que Colombia, asuma mínimamente con los compromisos establecidos en la Plataforma de Acción de Beijing (1995), la CEDAW (Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, por sus siglas en inglés), adoptada en 1979 por la Asamblea General de Naciones Unidas, obliga a los Estados en su artículo 18, a eliminar la discriminación y avanzar hacia la igualdad en la vida política y pública.

Según datos del Censo DANE 2005, el 51% de la población en Colombia, son mujeres; y de acuerdo a los datos entregados por la Registraduría Nacional, el 50% del potencial votante en este país, son mujeres. Así mismo, algunos estudios realizados por organismos internacionales, han demostrado que las bases de los partidos políticos están conformadas por mujeres, aunque la representación aún no alcanza los índices esperados.

Es de resaltar, que Colombia desde que se conformó como república independiente en 1830 ha tenido procesos electorales, pero las mujeres solo empezaron a participar de ellos en 1957: ciento veintisiete (127) años después. Esos años de desventaja, sumados a todos los elementos culturales de un país en el que la cultura machista es predominante, más las condiciones de pobreza y vulnerabilidad a las que se ven desproporcionalmente enfrentadas las mujeres, generan unas condiciones de desigualdad con barreras visibles e invisibles, para la competencia de las mujeres por el poder, así lo evidenció el PNUD en el ranking de igualdad de Mujeres y Hombres en los partidos políticos realizado en 2013.

En la reforma política en Colombia, de 2011, la Ley 1475 obliga a los partidos políticos a inscribir en sus listas para el Congreso, Concejos y Asambleas el 30% de mujeres, basados en la Ley de cuotas es el nombre que recibe la ley 581 de 2000 de Colombia, por medio de la cual se dispone que el 30 por ciento de los altos cargos públicos deben ser ejercidos por mujeres. El pasado 9 marzo de 2014, fue la primera vez que dicha ley se aplicó en el país para las elecciones de Congreso, lo que posiblemente generó un aumento significativo. Pese a este aumento, es de reiterar, que no es suficiente con que la Ley exija que el 30% de las personas inscritas en las listas sean mujeres, si a estas no se les brinda dentro de los partidos las mismas garantías que a los hombres. (tomado del Observatorio de Asuntos de Género (OAG) , boletín N° 18 de 2014).

De hecho, en una investigación elaborada por la Misión de Observación Electoral (MOE), antes de estas elecciones, se encontró que la mitad de las candidatas al Senado no tenían presencia en medios de comunicación, lo que insinúa que los partidos no se han preocupado hasta el momento, por formar y apoyar a las candidatas sustantivamente en la consecución de una curul, sino por cumplir con un requisito de la ley.

En la actualidad, el periodo (2014 – 2018), el panorama territorial, con relación a la participación de las mujeres, es el siguiente: las mujeres ocupan el 9,38% de las gobernaciones del país; y el 9.81% de las alcaldías; el 17.94% de las curules de las asambleas departamentales; y el 16.08% de los asientos de los concejos municipales. En Senado de la República 31.6% y Cámara de Representantes 29.5%.

La firma del Acuerdo final permite colocar mayor interés por parte de las mujeres, en el poder político ya que medidas como las cuotas o la paridad

tienden a subvertir el orden patriarcal. Ambos recursos, cuotas y paridad, tienden a abrir espacios para la participación política de las mujeres. Las cuotas son una estrategia temporal, pero con la paridad se pretende cambiar de manera radical el orden normativo de la sociedad.

Revisando el aporte de la feminista Hubertine Auclerc en 1884; “la paridad, es una exigencia revolucionaria, porque ya no se trata de compartir, o de poner fin al monopolio del poder masculino: se trata de repartir el poder político entre hombres y mujeres, un nuevo tipo de reclamo: que las Asambleas estuviesen compuestas por tantos hombres como mujeres.” Llevado al contexto colombiano, es imperativo profundizar en las razones sociales y jurídicas en las que el modelo económico ha mantenido excluida a la mujer del poder político.

Considerando que, la sociedad está compuesta en igualdad numérica por hombres y mujeres, es del todo razonable que así estén compuestas las instancias representativas del poder público. La paridad no es pretender que haya más mujeres en cargos electos para que representen mejor a las mujeres. La paridad es el equilibrio numérico o cuantitativo que garantiza el acceso a ciertos puestos electivos de hombres y mujeres por igual. Se trata de hacer coincidir la política con el mundo real.

Por lo tanto, se puede decir que, la nueva democracia paritaria trata de buscar un orden social más justo e igualitario, a través de un modelo social - administrativo, que equilibre ecosistema, educación, economía, trabajo, familia y política. Entonces, la paridad es, en el fondo, una cuestión de justicia política y social.

Por las anteriores razones, se afirma que la implementación del acuerdo Final de paz firmado entre el Gobierno y las FARC-EP permitirá la paridad política, convirtiendo a Colombia en uno de los primeros países latinoamericanos donde los destinos del país se discutirán y decidirán de manera paritaria entre hombres y mujeres, iniciando así una nueva era en la historia de Colombia.

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